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La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos de 2011 inició un cambio de paradigma no sólo jurídico, sino social en México, al incorporar en la función de los órganos impartidores de justicia la exigencia de poner a las personas en el centro de atención y protección, para lo cual, tanto el derecho constitucional como el derecho internacional de los derechos humanos, en conjunto, conforman tanto el parámetro de validez de las normas, como del análisis de la regularidad de los actos de autoridad, por lo que la integración de perspectivas protectoras, con apego al marco jurídico nacional e internacional ha vuelto más compleja la función judicial, además de que la ciudadanía, con toda justificación, es más exigente con los órganos impartidores de justicia.

            En AMIJ estamos convencidos que la labor de los órganos impartidores de justicia para emitir resoluciones que destaquen por la aplicación de las normas a partir de los principios universales de los Derechos Humanos, la perspectiva de género, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el enfoque interseccional contra la discriminación estructural, entre otros, debe ser una actividad cotidiana y desde el primer contacto con la persona que acude a cualquier órgano jurisdiccional en busca de justicia.

            En el contexto de la obligación constitucional de procurar la protección más amplia para todas las personas, de manera fundamental corresponde a quienes imparten justicia plantearnos para discutir en la Asamblea General Ordinaria de este año, un programa centrado en el desarrollo de talleres, en los que desde un punto de vista práctico se analice de manera autocrítica cómo hemos aplicado normas, criterios, principios, jurisprudencias y protocolos de las temáticas específicas.